2 ex agentes del alguacil de Los Ángeles acusados de redada falsa, extorsión de $37 millones

ByJOHN ANTCZAK AP logo
Tuesday, August 13, 2024
A gavel rests on the bench inside a courtroom. (AP Photo/Brennan Linsley, File)
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LOS ÁNGELES -- Dos ex agentes del alguacil del condado de Los Ángeles y dos ex militares extranjeros han sido acusados de amenazar a un ciudadano chino y a su familia con violencia y deportación durante una redada falsa en su casa del condado de Orange hace cinco años, según informó el lunes la fiscalía federal.

Los cuatro hombres también exigieron $37 millones de dólares y los derechos del negocio del hombre, según la oficina del fiscal de EE.UU. en Los Ángeles. Las autoridades no han revelado el nombre del empresario.

Los hombres fueron procesados el lunes por cargos de conspiración para cometer extorsión, intento de extorsión, conspiración contra los derechos y privación de derechos bajo el color de la ley. Todos se declararon inocentes.

El fiscal federal, Martin Estrada, anuncia los cargos contra ex agentes del alguacil de Los Ángeles

Dos ex agentes del alguacil del condado de Los Ángeles y dos ex militares extranjeros han sido acusados de amenazar a un ciudadano chino y a su familia durante una redada falsa en su casa hace cinco años.

Los fiscales dijeron que el grupo condujo hasta la casa de la víctima en Irvine el 17 de junio de 2019 y lo obligó a él, a su esposa y a sus dos hijos a permanecer en una habitación durante horas, tomó sus teléfonos y amenazó con deportarlo a menos que cumpliera con sus demandas. Las autoridades dijeron que el hombre es un residente permanente legal.

Los hombres golpearon al empresario contra la pared y lo asfixiaron, según la fiscalía. Temiendo por su seguridad y la de su familia, firmó documentos por los que renunciaba a su participación multimillonaria en Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd., una empresa china que fabrica productos químicos de goma.

Los fiscales federales afirmaron que la socia de negocios del hombre, una mujer china que no fue acusada, financió la falsa redada. Los dos habían estado envueltos en disputas legales sobre la empresa en Estados Unidos y China durante más de una década, dijeron los fiscales.

Los fiscales dijeron que uno de los hombres acusados, Steven Arthur Lankford -que se jubiló del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles en 2020- buscó información sobre la víctima en una base de datos nacional utilizando una terminal del departamento del alguacil. Dijeron que Lankford, de 68 años, condujo a los otros tres hombres a la casa de la víctima en un vehículo del departamento del alguacil sin identificación, mostró su insignia y se identificó como oficial de policía.

No estaba claro de inmediato si Lankford tiene un abogado que pueda hablar por él. The Associated Press dejó un mensaje el lunes en un número de teléfono que aparece para Lankford, pero no respondió.

Los fiscales federales también acusaron a Glen Louis Cozart, de 63 años, de Upland, que también fue agente del alguacil. La AP dejó un mensaje telefónico a Cozart, pero no respondió de inmediato.

Lankford fue contratado por Cozart, quien a su vez fue contratado por Max Samuel Bennett Turbett, un ciudadano del Reino Unido de 39 años y ex miembro del ejército británico que también se enfrenta a cargos. Según la fiscalía, Turbett fue contratado por la empresaria china que financió la falsa redada.

Matthew Phillip Hart, de 41 años, ciudadano australiano y antiguo miembro del ejército australiano, también está imputado en el caso.

"Es fundamental que exijamos a los funcionarios públicos, incluidos los agentes de las fuerzas del orden, el mismo nivel de exigencia que al resto de nosotros", declaró el Fiscal General de Estados Unidos, Martin Estrada. "Es inaceptable y una grave violación de los derechos civiles que un agente de policía jurado se tome la justicia por su mano y abuse de la autoridad del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles".

De ser declarados culpables, los cuatro hombres podrían enfrentarse cada uno a una pena de hasta 20 años de prisión federal.

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