Dos personas cercanas a la investigación dijeron a la AP que la unidad de desaparición de personas de la policía ecuatoriana solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad a las 24 horas de que desaparecieran los cuatro adolescentes de entre 11 y 15 años, tras ser detenidos por un grupo de militares, y que la empresa de vigilancia municipal Segura EP entregó las imágenes horas después.
Los familiares presentaron una denuncia el mismo día de la desaparición, el 8 de diciembre, pero el caso no se conoció públicamente hasta el sábado pasado, 13 días después, cuando familiares de los menores comenzaron a divulgarlo ante la inacción de las autoridades. Las autoridades entonces reaccionaron y dijeron que grupos de delincuencia organizada eran los responsables.
Dos días después, el lunes, se revelaron imágenes de los videos que implicaban a los militares y entonces las autoridades de seguridad de Ecuador y el Ministerio de Defensa matizaron su versión y admitieron que los menores sí fueron detenidos pero después liberados, una explicación que mantienen hasta ahora.
Las dos personas cercanas a la investigación dijeron el jueves a la AP que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron entregadas a la policía alrededor de 36 horas después de la desaparición.
Ante una solicitud de la AP acerca de si recibieron los videos y por qué no hicieron nada sino hasta esta semana, la policía remitió la consulta a la fiscalía, que es quien lleva la investigación, y la fiscalía por su parte no hizo comentarios sobre el avance del proceso. No hubo respuesta inmediata ni del Ejército ni del Ministerio de Defensa, que esta semana ordenó mantener bajo custodia a 16 militares investigados.
La desaparición de los cuatro niños, dos de ellos hermanos, el 8 de diciembre cuando volvían de jugar un partido de fútbol en un barrio popular al sur de Guayaquil ha conmocionado a los ecuatorianos.
El caso ha golpeado al gobierno de Daniel Noboa, quien ordenó en enero a las Fuerzas Armadas asumir funciones de seguridad interna tras decretar el estado de conflicto armado interno en el país ante el auge de violencia. El mandatario busca reelegirse en febrero y ha utilizado el tema del combate a la delincuencia como una de sus banderas.
El ejército ya ha sido señalado este año de cometer abusos y hay al menos dos denuncias en su contra. Una por la desaparición de dos jóvenes en agosto en la provincia de Los Ríos, a manos de personas vestidas de uniforme militar, que se investiga como desaparición forzada. Y otra, por el presunto delito de ejecución extrajudicial, por la muerte de un chico de 19 años al sur de Guayaquil tras encontrarse con un operativo de control militar.
Hasta ahora ninguna autoridad ha dado a conocer oficialmente cuáles fueron los pasos tomados para esclarecer la desaparición de los menores en los días posteriores a que ocurriera.
La fiscalía allanó la base militar en la que prestan servicio los uniformados ahora investigados en el día 15 de la desaparición, una vez que el caso había tomado connotación pública por la denuncia desesperada de los padres ante los medios.
Hasta el momento, hay 16 militares investigados por la fiscalía, que ya convocó a una audiencia para el 31 de diciembre para formular cargos contra ellos por "desaparición forzada", un delito castigado en Ecuador con 26 años de cárcel. Quedaron bajo custodia del propio cuerpo militar desde el martes -cuando se encontraron cuatro cadáveres- por orden del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
Los cuatro cuerpos, todos de sexo masculino, fueron hallados en una zona de manglar cercana a la base aérea de Taura, donde prestan servicio los 16 uniformados investigados, y a la que el personal forense llegó en bote. No han podido ser oficialmente identificados hasta ahora porque los restos estaban desmembrados e incinerados.
El proceso podría demorar hasta 30 días ya que, de acuerdo con el suboficial Milton Llamoca de Criminalística, el no es posible realizarles pruebas de huellas dactilares y es necesario practicar un análisis genético para confirmar si se trata de los cuatro niños desaparecidos.
"Al complicarse las pruebas dactilares y de antropología forense", apuntó Llamoca, la única técnica "100 por ciento confiable para la identificación será la de AND".
Uno de los médicos legistas que participa en el proceso explicó a AP que "se necesita al menos una célula con núcleo" para hacer un perfil genético. "Cuando los cuerpos están calcinados es difícil conseguir células; hay que hacer trabajo en los dientes y en huesos como fémur, tibia y peroné. Esa extracción del núcleo celular es muy compleja; son varias pruebas y por eso la demora".
El Director General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía de Ecuador, Milton Gustavo Zárate Barreiros, un General Inspector en servicio pasivo que llegó desde Quito a Guayaquil el jueves para dirigir el proceso de identificación, apuntó a un plazo de 30 días. "Puede ser más, puede ser menos tiempo".
En la misma jornada, el Bloque de Seguridad de la Policía y Fuerzas Armadas canceló una rueda de prensa que había convocado para dar detalles sobre el tema, ahondando la sensación de hermetismo en torno a la desaparición de los menores.
Billy Navarrete, director ejecutivo Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil que representa a las familias, dijo que la técnica necrodactilar no se pudo ejecutar "porque los médicos legistas han detallado que no hay pulpejo, no hay carne en los dedos; las quemaduras son extremas".
También el jueves el ministro de Defensa indicó que el operativo en el que los militares se llevaron detenidos a los cuatro menores desaparecidos no estaba autorizado y que la patrulla no notificó a sus superiores. "Por eso, se instaló el tribunal de disciplina militar porque ya hay errores en el procedimiento, omisiones, faltas por las que van a tener que responder no solo en la parte judicial, sino también en la parte militar", apuntó Loffredo.
No obstante, aseguró que las Fuerzas Armadas han colaborado con la investigación de la fiscalía y de la policía desde el inicio. "Pero si a nosotros nos dicen 'señores, hasta aquí necesitamos su colaboración', hasta ahí podemos llegar. Cualquier otra cosa sería interferir con las investigaciones", se excusó.