"Se están aprovechando de la población sin hogar de allí. Obviamente, se trata de un grupo muy vulnerable, dispuesto a hacer cualquier cosa por unos pocos dólares, y él los está utilizando para cometer fraude. Se está aprovechando de ellos. Sabe que a los investigadores les resulta difícil entrar a Skid Row y llevar a cabo estas entrevistas", dijo el primer fiscal asistente de los Estados Unidos, Bill Essayli.
Dos de los empleados de Brass, Courtney Price, de 49 años, de Jacksonville, Florida, y Jateisha Herron, de 33 años, de Boron, California, también fueron imputados.
"El Sr. Brass y sus cómplices tenían acceso a la información de los votantes registrados a través de una aplicación, y podían consultar los nombres de esos votantes; después, pagaban a personas sin hogar para que firmaran con los nombres de esos votantes", explicó Essayli. "Esto es importante porque solo se le pagaba si conseguía la firma de un votante registrado válido".
Según la acusación, Brass recibió más de $41,000 de dólares de una empresa de servicios relacionados con las peticiones. Sin embargo, cuando Eyewitness News preguntó a Essayli quién había contratado y pagado a Brass, no pudo revelarlo.
"Sabemos quién lo hizo, pero no vamos a hacer pública esa información por el momento. Se trata de una investigación en curso. En estos momentos, estamos imputando al señor Brass y a sus cómplices. Si llegamos a obtener pruebas de que otras personas tenían conocimiento de esto o estuvieron implicadas, también serán imputadas", dijo Essayli.
Essayli dijo a ABC7 que Brass y su equipo recogieron firmas para aproximadamente una docena de peticiones y que algunos de ellos llegaron a incluirse en la papeleta electoral, pero no reveló cuáles.
Como las firmas deben proceder de votantes registrados, Essayli cree que Brass no pensó que las personas sin hogar a las que pagaba por firmar estuvieran registradas o que no lo sabía, razón por la cual firmaron utilizando los nombres de otras personas.