La iniciativa generó preocupación entre especialistas, activistas y el sector empresarial que han advertido que la reforma debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
Con 332 votos a favor y 119 en contra, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas aprobaron el cambio de trece artículos de la constitución. La reforma pasará al Senado para su aprobación final.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador siete meses antes de dejar el gobierno.
Contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
La extinción de los órganos autónomos se concretará luego de que se aprueben las leyes secundarias. El Congreso federal deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para armonizar los cambios.
Ante las inquietudes y críticas que ha desatado la reforma, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, salió el jueves una vez más en defensa de la iniciativa y cuestionó duramente a los miembros del INAI, acusándolos de supuestos actos de nepotismo y corrupción.
Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que con los cambios constitucionales "va a haber más transparencia ahora, pero no va haber corrupciones", y aseguró que con el pase de las funciones del INAI a la nueva Secretaría Anticorrupción "vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México".
Como parte de la reforma se decidió que las funciones de la CRE y la CNH se integren a la Secretaría de Energía, y las actividades de la Coneval las asuma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Sobre las preocupaciones que han planteado especialistas y empresarios de que la eliminación de la Cofece y el IFT podría poner en riesgo el cumplimiento de capítulos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó esa posibilidad e informó que entre los cambios que se aprobaron el jueves está la creación de una nueva autoridad en materia de competencia económica que concentrará las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Esa postura fue respaldada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dijo el jueves a la prensa, durante una visita al estado noroccidental de Nayarit, que en el T-MEC "no existe ninguna obligación entre los dos países de tener órganos autónomos", y aseguró que en la reforma se garantizará la "independencia técnica".
La extinción de los siete organismos autónomos generó cierta presión en el mercado cambiario. Durante la jornada la moneda mexicana sufrió una depreciación de 0.77% frente a la divisa estadounidense y cerró en 20.44 pesos por dólar.
La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, dijo que la depreciación de la moneda se debió en parte a "la aversión al riesgo en torno a la economía mexicana" tras la aprobación de la reforma. Siller afirmó que la desaparición de los siete organismos "deteriora el perfil institucional y eleva la posibilidad de recortes en la calificación crediticia de la deuda" de México.
La eliminación de estos organismos fue un viejo anhelo de López Obrador (2018-2024), quien los atacó reiteradas veces, asegurando que "no sirven para nada" y que fueron creados por los gobiernos anteriores porque "necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses".
Lamentando la decisión de la Cámara de Diputados, la directiva del INAI dijo en un comunicado que con la reforma, el Ejecutivo "se convierte en juez y parte en materia de transparencia" y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal. Los directivos aseguraron que con el cambio se extingue el Sistema Nacional de Transparencia necesario para homologar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.
La Cámara de Diputado también avaló el jueves por unanimidad una reforma constitucional, aprobada la semana pasada por el Senado, que le otorga a la Secretaría de Seguridad federal facultades para realizar labores de investigación e inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la República y para liderar el Sistema Nacional de Inteligencia y las labores conjuntas entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. La iniciativa deberá ser avalada ahora por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación.
Con esta reforma la dependencia que dirige Omar García Harfuch tendrá ahora amplios poderes para hacer frente a la criminalidad en el país, lo que ha generado preocupación entre especialistas y activistas que rechazaron que no se hayan creado mecanismos de auditoría, revisión y contraloría ciudadana para la Secretaría de Seguridad federal.