En una votación unánime, el Consejo aprobó la ordenanza propuesta, que se presentó mediante una moción formulada por la concejal Mónica Rodríguez y secundada por la concejal Ysabel Jurado.
La ordenanza requiere la aprobación de la alcaldesa Karen Bass antes de que pueda entrar en efecto.
Se aplicaría a todos los empleados municipales -ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial o por necesidades, independientemente del tipo de nombramiento-, así como a los empleados de la sala de contratación, a los funcionarios designados y a los empleados jubilados con 120 días de servicio.
Se prohibiría a los empleados municipales buscar empleo externo en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional, o en cualquier entidad o subcontratista dedicado a la aplicación de la ley en materia de inmigración ilegal.
Rodríguez dijo que la ordenanza consagra en la política municipal la prohibición del empleo externo relacionado con la aplicación de la ley federal de inmigración.
"Esto es importante porque necesitamos que los ciudadanos confíen en que los empleados municipales no van a verse comprometidos ni van a tener dos amos", dijo Rodríguez.
Actualmente, los empleados municipales deben solicitar permiso a sus superiores para aceptar oportunidades de empleo fuera de la administración.
Los Ángeles ha sido escenario de una campaña de represión contra la inmigración ilegal por parte de la administración Trump desde junio de 2025, una iniciativa que ha sido criticada en repetidas ocasiones por Bass, la mayoría de los concejales y otros dirigentes locales del partido Demócrata.
Un representante del DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.