Inland Coalition for Immigrant Justice llevo a cabo una "manifestación de inauguración" el martes por la mañana en Riverside, condenando las órdenes de Trump.
Entre las órdenes ejecutivas firmadas por Trump una es poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La orden pidiá a las agencias federales -a partir del próximo mes- dejar de emitir la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de madres indocumentadas o madres en el país con visas temporales, si el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente.
"Creo que esto infunde un temor en nuestra comunidad que puede impedir que (los inmigrantes) intenten solicitar prestaciones de inmigración", dijo Emilio Amaya, del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino.
Ahora, la orden enfrenta desafíos legales.
California joins lawsuit challenging Trump's birthright citizenship order
California se unió a otros 17 estados que demandan a Trump por esta orden ejecutiva. La demanda, presentada por 18 fiscales generales demócratas, acusa a Trump de tratar de eliminar un "principio constitucional bien establecido y de larga data" por decreto ejecutivo.
"El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer", señala la demanda.
Según la demanda, unos 150,000 niños nacidos cada año de dos progenitores que no eran ciudadanos y carecían de estatus legal podrían perder el acceso a la atención sanitaria básica, la atención de menores en familias de acogimiento y las intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades.
"Todos podrán ser deportados y muchos estados no tendrían patria", leía la demanda.
Los estados advirtieron que la orden ejecutiva también les haría perder la financiación federal para programas que prestan servicios a los niños independientemente de su estado migratorio.
Aunque la orden de Trump intenta poner fin unilateralmente a la ciudadanía por derecho de nacimiento, solo el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede determinar cómo se aplica la 14 Enmienda.
"El intento del presidente Trump de poner fin unilateralmente a la ciudadanía por derecho de nacimiento es una violación flagrante de nuestra Constitución", dijo el Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en una conferencia de prensa el martes. "Durante más de 150 años, nuestro país ha seguido la misma regla básica: los bebés que nacen en este país son ciudadanos estadounidenses".
"Tiene derecho a promulgar una política que considere adecuada para el país", pero "éste es un acto extremo y sin precedentes", dijo Platkin. "Esto no es sólo un ataque a la ley. Es un ataque al tejido mismo de esta nación".
"Los presidentes de este país tienen un gran poder. Pero no son reyes", dijo Platkin.
CBP One appointments canceled, leaving potentially thousands of migrants in limbo
"La gran promesa de nuestra nación es que todos los nacidos aquí son ciudadanos de los Estados Unidos, capaces de alcanzar el sueño americano", dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. "Este derecho fundamental a la ciudadanía por derecho de nacimiento, arraigado en la decimocuarta Enmienda y nacido de las cenizas de la esclavitud, es una piedra angular del compromiso de nuestra nación con la justicia".
"Estamos listos para asumir los desafíos de una segunda administración Trump para asegurar que en California nuestro progreso continuará, y que nuestro progreso prevalecerá", dijo el Fiscal General de California, Rob Bonta.
Los estados buscan invalidar la orden ejecutiva de Trump y detener cualquier acción tomada para implementarla. Su demanda solicita una medida cautelar para impedir inmediatamente que la orden entre en vigor.
Más tarde el martes, cuatro adicionales presentaron una demanda similar, pidiendo a un tribunal federal que impida que la orden ejecutiva sea implementada o aplicada.
Grupos sin fines de lucro de Massachusetts y New Hampshire también presentaron el lunes demandas federales contra la orden ejecutiva.
Alex Stone, de ABC News, ha contribuido a este reportaje.