California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey fueron algunos de los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023, pero el acuerdo acorta el juicio, en el que se preveía que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, compareciera ante un jurado en un tribunal federal en California.
El acuerdo asciende a $353 millones de dólares solo en Virginia, y es uno de los mayores en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal, señaló el fiscal general Jay Jones en un comunicado.
"Durante años, Meta engañó intencionalmente al público sobre las características de diseño adictivas y dañinas que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes", afirmó Jones. El acuerdo, añadió, "pondrá fin a estas prácticas peligrosas y brindará un importante alivio que protegerá a los niños del daño en línea".
Meta indicó en una publicación de blog que "ampliamos nuestros esfuerzos de larga data para empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes".
"Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta", señaló la empresa. "Queremos hacerlo bien para los padres y los adolescentes, y por eso nos asociamos con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar para la industria".
La compañía instó a sus rivales a adoptar medidas de seguridad similares.
El acuerdo de $17 billones de dólares es una fracción de los ingresos de Meta en 2025, que sumaron $201 billones de dólares.
En la demanda se acusó a la empresa de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones que hacen que los niños se vuelvan adictos a sus plataformas y ocultar dichas funciones al público. También se sostuvo que Meta violó leyes federales al recopilar de manera habitual datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.
El juicio comenzó la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, inició su testimonio a última hora del martes y defendió el historial de Meta y sus avances en seguridad infantil y privacidad.
Se esperaba que los casos en otros estados fueran a juicio más adelante. Además, nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.
Según el acuerdo propuesto, Meta aceptó adoptar una serie de funciones de seguridad, entre ellas un "límite estricto" de topes diarios de tiempo y pausas para niños que usan Instagram y Facebook.
La empresa eliminará las notificaciones push durante el horario escolar entre semana e incorporará medidas "sólidas" de verificación de edad y controles de contenido "adecuados a la edad" para prevenir el acoso y material dañino sobre trastornos alimentarios y autolesiones.
Habrá controles parentales más fuertes y fáciles de usar, así como límites a funciones de comparación social como los conteos de "me gusta".
La demanda federal fue el resultado de una investigación encabezada por una coalición bipartidista de fiscales generales de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont. Se produjo tras la publicación de informes periodísticos -el primero, divulgado por The Wall Street Journal en 2021- que concluyeron que la empresa sabía del daño que Instagram puede causar a los adolescentes, especialmente a las mujeres, en lo relativo a la salud mental y los problemas de imagen corporal.
Desde entonces, Meta ha añadido numerosas funciones de seguridad a Instagram, incluidas cuentas separadas para adolescentes con protecciones más estrictas en mensajería y privacidad, junto con restricciones de contenido.
Pero expertos en seguridad infantil, junto con algunos ex empleados de Meta, han sostenido desde hace tiempo que esas funciones son poco más que un maquillaje.
Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró durante su testimonio la semana pasada que Meta priorizó de forma constante las ganancias por encima de la seguridad al diseñar sus productos, centrándose en con qué frecuencia y durante cuánto tiempo la gente los usaba, incluso si eso era perjudicial para su bienestar mental.
"Si te alejas del producto, no van a ganar dinero", expresó.
Aunque los cuatro estados en el juicio de Oakland no dijeron oficialmente cuánto buscaban, Meta indicó en un escrito judicial que las sanciones financieras en el caso podrían ascender hasta $1.4 trillones de dólares, una cifra que expertos legales consideraron improbable, si no imposible.
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La periodista de The Associated Press Sarah Rankin en Richmond, Virginia, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.