Los organizadores exigen protecciones que limiten el uso de los recursos municipales para la aplicación de la ley migratoria, restrinjan el intercambio de información confidencial de los residentes y prohíban nuevos contratos con empresas que proporcionan datos a las autoridades migratorias.
"El Ayuntamiento ha prometido incluir en su agenda una ordenanza santuario, pero no ha cumplido con esa promesa", dijo el grupo L.A. Sanctuary Coalition en un comunicado.
Los organizadores hicieron oír su voz en la reunión del Concejo del miércoles.
Afirman que el temor en la comunidad ha aumentado en las últimas semanas tras los operativos federales de inmigración en El Monte, incluyendo un incidente en el que la activista María Santay transmitió en vivo desde su automóvil cómo los agentes usaban un martillo para romper su ventana. Fue detenida y posteriormente liberada.
"¿Dónde está esa ordenanza? ¿Dónde está? ¡Me rompieron las ventanas!", dijo Santay al Concejo en la reunión. "No tenemos por qué mirar a Minnesota".
En el Ayuntamiento hay preocupaciones. El concejal Martín Herrera, miembro del grupo de trabajo de inmigración de la ciudad, señala la dependencia de El Monte de las subvenciones federales.
El administrador de la ciudad confirmó que una parte significativa de la financiación de la policía proviene de fuentes federales, lo que plantea dudas sobre qué podría estar en riesgo.
"La SB 54 de California, la Ley de Valores de California, convierte al estado en un estado santuario y, por lo tanto, las ciudades que lo forman son ciudades santuario, pero nuestra comunidad realmente quiere que se confirme que esta ciudad está comprometida con esos valores", dijo Herrera.
El abogado de la ciudad confirmó en la reunión que se incluirá el tema en la agenda.