Durante una audiencia del Comité Selecto de la Asamblea celebrada el viernes en West Hollywood, los líderes escucharon a comerciantes, defensores de la reforma de la justicia penal y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre este asunto.
La Patrulla de Carreteras de California (o CHP por sus siglas en inglés) fue uno de los organismos que compartieron su experiencia.
"Nos hemos dado cuenta de que muchos de estos casos empiezan en una jurisdicción, pero van más allá. Salen del estado, van a otras ciudades, a otros condados", dijo Sean Duryee, Comisario de la CHP. "Somos capaces, como una agencia de aplicación de la ley en todo el estado, para conectar esos puntos y poner esos casos juntos."
Los funcionarios de CHP dicen que las asociaciones y la capacitación con las agencias locales de aplicación de la ley y los comerciantes minoristas funcionan, y han llevado a la recuperación de $41 millones en bienes robados desde 2019.
La Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias de California (o BSCC, por sus siglas en inglés) dice que ve una gran necesidad de fondos para ayudar a las jurisdicciones locales a combatir el robo minorista organizado.
"La cantidad total de fondos que se solicitó fue de $379 millones y eso fue $137 millones más de lo que teníamos disponible para ofrecer, por lo que este alto nivel de respuesta refleja la necesidad significativa y el interés en el campo de los recursos para abordar (los robos organizados de comercios minoristas) ", dijo Katheleen Howard con BSCC.
Mientras los líderes de la policía presionaban para aumentar los castigos, los opositores decían que las leyes más estrictas se dirigen a las personas equivocadas.
"Se centran en los delincuentes más vulnerables, los enfermos mentales, los sin techo... las personas que viven en la pobreza. El aumento de las penas no es una medida disuasoria, no es una solución. No funcionan", afirma Sean McDonald, de la Oficina del Defensor del Pueblo del condado de Los Ángeles.