La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría el procesamiento de asilo una vez que los encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcancen los 2,500 por día. Entró en vigor de inmediato porque las últimas cifras eran mucho más altas, alrededor de 4,000 por día.
"Es muy obvio que esta orden ejecutiva se implementó porque es un año electoral", dijo Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, una organización binacional sin fines de lucro que brinda servicios legales y humanitarios.
"Hemos visto promedios de más de 2,500 regularmente", agregó Pinheiro. "Hasta donde puedo recordar, ha estado por encima de ese número, o al menos cerca de ello".
Las restricciones estarían vigentes hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios entre los puertos de entrada caiga por debajo de 1,500 durante una semana seguida. Quienes trabajan en Tijuana dicen que ya están viendo la expulsión de un gran número de personas, incluyendo niños. Sin embargo, parece que los trasladarán en avión al sur de México, donde probablemente comenzarán nuevamente su viaje a Tijuana.
"Esta orden ejecutiva realmente castiga a las personas que no tuvieron otra opción que cruzar entre puertos de entrada para solicitar asilo, especialmente si estaban en riesgo de sufrir un daño inminente en México", dijo Pinheiro.
Dijo que la orden afecta a personas de ciertas nacionalidades.
"Yo diría que los mexicanos y las personas de países que México acepta como expulsados son realmente los más desfavorecidos porque sólo tienen cuatro horas para encontrar un abogado", dijo Pinheiro.
Pinheiro dijo que la organización no ha podido confirmar si las personas están recibiendo una evaluación justa.
Durante el año fiscal 2024, de octubre a enero, el mayor número de encuentros de personas no ciudadanas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fueron de México. Los encuentros se producen cuando funcionarios estadounidenses se topan con aquellos que intentan cruzar la frontera suroeste del país sin autorización.
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Algunas excepciones incluyen niños no acompañados.
"También estamos viendo un aumento de personas que envían a sus hijos solos", afirmó Pinheiro. "La semana pasada, vimos un aumento en los niños no acompañados y en los sitios de detención al aire libre en San Diego, porque, como pueden ver, las condiciones aquí son muy malas".
La alternativa es esperar una cita a través de CBP One, una aplicación móvil que sirve como portal único para una variedad de servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Un vistazo al impacto
Cristina de Guatemala ayuda a preparar el desayuno en la iglesia y refugio Embajadores De Jesús. Ella y su hijo de 7 años han esperado una cita durante casi nueve meses en Tijuana.
El pastor Gustavo Banda dijo que albergan a aproximadamente 1,500 personas y que su espacio incluye una escuela. Dijo que han tenido visitantes de todo el mundo, incluyendo solicitantes de asilo de Haití, Afganistán y países de Asia.
Cristina admite que la espera puede ser difícil, pero cree que sucederá con tiempo, primeramente Dios. Pinheiro expresa su profunda preocupación por quienes tal vez no tengan un refugio y protección seguros.
"Tenemos familias que se ven obligadas todo el tiempo a permanecer en las calles y hemos enterrado a muchas personas que no sobrevivieron mientras esperaban pedir asilo", dijo Pinheiro. "Así que tengo mucho miedo de que bajo esta nueva política veamos más muertes".
Biden enfrenta la primera demanda por nuevas medidas enérgicas contra el asilo en la frontera
Una coalición de grupos de defensa de los migrantes demandó a la administración Biden el miércoles por la reciente medida del presidente, diciendo que difiere poco de una medida similar durante la administración Trump que fue bloqueada por las cortes.
La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros en nombre de Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES, es la primera prueba sobre la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, las cuales se produjeron luego de meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y tienen como objetivo desviar los ataques contra el presidente por su manejo de la migración.
"Al implementar una prohibición al asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más opción que presentar esta demanda", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
La orden entró en vigor el 5 de junio, y funcionarios de la administración Biden dijeron que anticipan que las deportaciones alcancen niveles sin precedentes
Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico -lo que el gobierno de Biden está tratando que hagan- viola la actual ley federal de migración, entre otras inquietudes.
Biden invocó la misma autoridad jurídica que utilizó el gobierno del expresidente Trump para su prohibición al asilo, que corresponde a la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera "perjudicial" para los intereses del país.
Durante su campaña de reelección, Biden ha criticado en repetidas ocasiones las políticas migratorias de Trump y su gobierno alega que esta directriz es distinta, ya que incluye varias exenciones por motivos humanitarios. Por ejemplo, las víctimas de tráfico de personas, los menores que viajan sin compañía de un adulto y aquellos con problemas médicos graves no estarían sujetos a los límites.
"Nos atenemos a la legalidad de lo que hemos hecho", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en declaraciones al programa "This Week" de la cadena ABC previo a que se interpusiera la demanda.
Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera y no expresen un temor creíble de volver a sus países de origen serán objeto de una deportación expedita de Estados Unidos, la cual se llevaría a cabo en cuestión de días o incluso horas. Estos migrantes podrían enfrentar castigos que podrían incluir una prohibición hasta por cinco años para ingresar nuevamente a Estados Unidos o incluso un proceso penal.
Mientras tanto, los migrantes que expresen temor por su seguridad o la intención de solicitar asilo serán revisados por un funcionario de asilo estadounidense, pero bajo un estándar más estricto al actual. Si pasan esa revisión, pueden solicitar otras formas de protección humanitaria, incluyendo aquellas contempladas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual prohíbe enviar de regreso a las personas a un país en el que enfrentan la posibilidad de ser torturados.
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Associated Press contribuyó a este informe.