Las autoridades dijeron que las inspecciones se realizaron durante las últimas seis semanas.
Los vendedores ambulantes no tenían el permiso adecuado para operar y la comida que se vendía estaba "preparada y mantenida fuera de los requisitos de los estándares estatales", dijo la ciudad. Desde entonces, la comida ha sido confiscada.
La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, reconoce lo popular que son las comidas de los vendedores ambulantes, pero dijo que la ciudad no puede permitir que "las condiciones alimentarias inseguras pongan en peligro la salud pública".
La ciudad insta a las personas a asegurarse de que los vendedores ambulantes tengan un permiso de salud adecuado antes de comprar cualquier alimento.
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