La decisión se produce un día después de que los equipos de servicios públicos cortaran la electricidad a la controvertida propiedad, que ha causado un peligro para la salud de los residentes y vecinos durante años.
En la corte el miércoles, un abogado de la ciudad argumentó que partes de la propiedad ya han sido etiquetados en rojo y que es inhabitable y peligrosa debido al uso ilegal de electricidad y la eliminación inadecuada de aguas residuales.
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La propietaria, Cruz Godoy, es acusada de delitos menores relacionados con la zonificación y violaciones de permisos y compareció ante la corte el miércoles. La audiencia previa al juicio se prolongó hasta el 3 de agosto.
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Los residentes de las casas rodantes dijeron que Godoy les cobra alrededor de $500 dólares al mes por cada casa móvil. Imágenes aéreas muestran que hay más de 20 casas rodantes en la propiedad.
"Supongo que en este momento han tenido alrededor de 26 casas rodantes en la propiedad trasera y tienen muchos problemas con el desbordamiento de las aguas residuales", dijo Curt Cabrera Miller, presidente del Concejo Vecinal de Sylmar. "Ha habido 41 violaciones, casos abiertos y cerrados del Departamento de Construcción y Seguridad en esta propiedad".
Cabrera Miller dijo que las quejas de los vecinos a la ciudad se remontan a 2013, y desde entonces los residentes han captado imágenes de desechos humanos que se filtran de la propiedad de Godoy hacia las banquetas y los patios vecinos.
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Godoy se niega a comentar sobre su controvertida propiedad, pero Manny Femat, quien se encarga del mantenimiento de Godoy, dijo que solo trata de brindar refugio a los residentes de las casas rodantes.
Advirtió que si se retiran las casas móviles, solo se sumará al problema de personas sin hogar de la ciudad.
La propiedad en conflicto se encuentra en el distrito de la concejal de Los Ángeles Mónica Rodríguez. Su oficina emitió una declaración escrita el martes por la noche:
"La ciudad continúa trabajando con gran urgencia para mitigar los impactos tanto para las personas que viven en la propiedad como para los residentes vecinos. Como se compartió anteriormente, estamos trabajando con todos los recursos a nuestra disposición para abordar las inquietudes de salud y seguridad públicas y ubicar a quienes residen en los vehículos recreativos con refugio de emergencia. Las condiciones en esta propiedad privada son una explotación de las personas vulnerables que buscan vivienda, y espero que el abogado de la ciudad tenga éxito en representar este caso en la corte mañana".