Trump ordena a ICE ampliar deportaciones en ciudades gobernadas por demócratas, incluida Los Ángeles

El dirigente sindical de California David Huerta ha sido liberado bajo fianza de $50,000 dólares.

Huerta fue arrestado el viernes mientras protestaba contra las redadas de inmigración en Los Ángeles. Él es el presidente de SEIU California, un sindicato poderoso.

Su arresto se ha convertido en un grito de guerra para sindicalistas de todo el país y políticos demócratas que han pedido su liberación.

Su liberación el lunes se produjo cuando los manifestantes se desplazaban por el centro de la ciudad tras una concentración de SEIU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó las redadas migratorias federales que han causado protestas en Los Ángeles.

Sheinbaum dijo que Los Ángeles "no sería lo que es" sin los mexicanos y mexicanas que viven allí.

"Emigran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias", afirmó, y añadió que "no son criminales".

"Las mexicanas y los mexicanos siempre contarán con nuestro respaldo y con nuestra exigencia de que se respeten sus derechos humanos, y deben saber que, si desean regresar a México, los recibiremos con los brazos abiertos", señaló Sheinbaum.

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Mientras continuaba la protesta contra la aplicación de las leyes federales de inmigración en el centro de Los Ángeles el domingo por la tarde, una multitud de manifestantes se abrió paso hasta la autopista 101 y detuvo el tráfico en ambas direcciones.

Los manifestantes levantaron una barrera improvisada en el lado sur de la autopista, a la altura de Spring Street, e inmediatamente se enfrentaron a ellos agentes de la policía de Los Ángeles con equipo antidisturbios. También se cerraron todos los carriles en dirección norte.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles afirman que han acudido para ayudar a despejar las calles y proteger vidas, pero que no participarán en la aplicación de la ley de inmigración.

El jefe Jim McDonnell y el alguacil Robert Luna han dicho en repetidas ocasiones que no aplicarán la ley federal de inmigración, sino que protegerán las vidas de los agentes federales y de los manifestantes.

Su falta de voluntad para participar ha llevado a los líderes federales a criticar a la policía local por ser poco útil y ha provocado la necesidad de la Guardia Nacional.