Cárteles ofrecen recompensas de hasta $50,000 por atentados contra agentes federales: DHS

Existe información creíble que indica que miembros de los cárteles de droga mexicanos han ofrecido un sistema de recompensas por atentados contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hace dos semanas, el Departamento de Justicia acusó a un miembro de los Latin Kings, con sede en Chicago, de ofrecer una recompensa por Greg Bovino, comandante de la CBP que supervisa el aumento de operaciones en Los Ángeles, Chicago y Portland.

Los cárteles han "difundido un programa estructurado de recompensas para incentivar la violencia contra el personal federal", según un comunicado de prensa del DHS.

La agencia federal alega que los cárteles ofrecen $2,000 dólares por la recopilación de inteligencia y la divulgación de información personal de agentes, $5,000 dólares a $10,000 dólares por secuestros o agresiones no letales contra agentes de ICE/CBP, y hasta $50,000 dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Pandillas como los Latin Kings también han desplegado "observadores" armados con armas de fuego y comunicaciones por radio para informar en tiempo real sobre los movimientos de los agentes de CBP e ICE, según el DHS.

"Estas redes criminales no solo se resisten al estado de derecho, sino que están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa.

"Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso", añadió Noem. "No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense".

El informe del DHS se produce en medio de una batalla legal en torno al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, en parte, como protección para los agentes e instalaciones de control de inmigración.

La semana pasada, la jueza de distrito April Perry bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de cualquier estado de EE.UU. en Illinois, una decisión que estará vigente durante 14 días.

En la decisión, Perry determinó que no hay "pruebas creíbles de que exista peligro de rebelión en Illinois" ni de que el presidente sea incapaz, con las fuerzas regulares, de ejecutar las leyes de Estados Unidos.

Afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois "probablemente provocará disturbios civiles" que requieran la respuesta de las fuerzas policiales locales y estatales.

Refiriéndose a lo que ella denominó la "naturaleza provocadora de la actividad policial de ICE" en Illinois, dijo: "Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional solo echará leña al fuego que ellos mismos provocaron".

El Departamento de Justicia apeló el fallo, pero fue rechazado por una corte federal de apelaciones.

Sin embargo, la corte permitió al gobierno federal mantener el control de las tropas de la Guardia Nacional del estado.