Concejo de Los Ángeles asignará $2 millones para programa de ingresos garantizados

LOS ANGELES (CNS) -- El Concejo de Los Ángeles asignó $2 millones de dólares a un nuevo programa piloto de ingresos garantizados destinado a ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica y jóvenes en hogares de acogida.

En una votación unánime el miércoles, los concejales solicitaron que el contralor municipal transfiriera $1 millón de dólares de cada una de las dos cuentas asociadas a los Distritos 9 y 13 del Concejo para el programa, conocido como Apoyo a Jóvenes en Edad de Transición y Sobrevivientes para Lograr el Empoderamiento Financiero, o "STAY SAFE" en inglés.

Los concejales Curren Price y Hugo Soto-Martínez, representantes de los Distritos 9 y 13, respectivamente, lideraron la iniciativa.

Se espera que el programa proporcione $1,000 dólares al mes durante dos años a sobrevivientes de violencia domestica y jóvenes en edad de transición, que estén o hayan estado en hogares de acogida, de entre 16 y 24 años.

En 2022, Price propuso un programa piloto de ingresos garantizados, que se implementó posteriormente entre enero de 2022 y marzo de 2023. La iniciativa, conocida como Ingreso Básico Garantizado: Piloto de Asistencia Económica de Los Ángeles (BIG:LEAP), proporcionó $1,000 dólares en efectivo al mes durante 12 meses a 3,200 hogares que viven por debajo del nivel de pobreza.

Los resultados mostraron que ayudó a las familias a cubrir gastos de emergencia y redujo la inseguridad alimentaria, según las autoridades. Algunos participantes también informaron que los fondos sin restricciones les ayudaron a pagar la matrícula escolar, iniciar pequeños negocios y cubrir gastos como ropa y calzado para sus hijos.

El Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Facultad de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania y la Facultad de Salud Pública Fielding de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) también estudiaron los impactos de "BIG:LEAP". Los investigadores encontraron una relación positiva en la reducción de la violencia doméstica al brindar a las personas que la sufren un ingreso garantizado.

"Hoy, aprovechamos el éxito de ese programa con una nueva inversión de $2 millones, y esta próxima fase continuará apoyando a las sobrevivientes de violencia de pareja, el grupo que experimentó las mejoras más significativas en ese programa piloto", dijo Soto-Martínez.

Soto-Martínez también enfatizó que "STAY SAFE" brindará apoyo a jóvenes en edad de transición, algunos de los cuales enfrentan barreras para la estabilidad y el empleo.

"Por primera vez, estamos combinando estos pagos directos con la capacitación laboral a través de la Academia de Capacitación en Hostelería, que tiene una tasa de éxito cercana al 100% en la colocación de sus graduados en empleos sindicalizados de alta calidad y bien remunerados", dijo Soto-Martínez.

Según un informe del personal, "STAY SAFE" integrará servicios a través de los Centros FamilySource de la ciudad. El programa será supervisado por el Departamento de Inversión Comunitaria para la Familia.

Además, el departamento se asociará con 22 organizaciones para agilizar el proceso de solicitud, selección e inscripción. Se espera que el programa asista a 83 participantes y podría aumentar si se dispone de más fondos.

El año pasado, el condado de Los Ángeles amplió su programa de ingresos garantizados, conocido como "Breathe", para ayudar a más de 2,000 dependientes, no menores de edad, en el sistema de acogida familiar.

El programa "Breathe" comenzó como un proyecto piloto en marzo de 2022, proporcionando pagos mensuales de $1,000 dólares a 1,000 residentes necesitados. Posteriormente, se amplió para incluir a 200 jóvenes que habían estado en acogida familiar y se estaban adaptando a la vida fuera del sistema.

Ciudades como Stockton, Oakland, Chicago y San Antonio, así como el condado de King en Washington, han implementado programas similares para ayudar a familias de bajos ingresos, jóvenes sin hogar y personas que salen del sistema de acogida familiar.

No todos coinciden en la eficacia de estos programas. Algunos críticos argumentan que pueden eliminar los incentivos para que las personas encuentren trabajo y que son injustos para los contribuyentes.