Trump firma orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento
WASHINGTON -- Entre las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Donald Trump en el Despacho Oval el día de la toma de posesión hay una que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva es un intento "flagrantemente ilegal" de redefinir un derecho "consagrado en el tejido mismo de nuestro país", argumentó una demanda presentada durante la noche en un tribunal federal de Massachusetts.
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La demanda - presentada por una futura madre indocumentada que dará a luz en marzo y dos grupos sin fines de lucro - se espera que sea uno de los muchos desafíos legales a la orden ejecutiva que pretende reinterpretar la garantía de ciudadanía de la decimocuarta Enmienda a casi todas las personas nacidas en Estados Unidos.
"Este intento sin precedentes de quitar la ciudadanía a millones de estadounidenses de un plumazo es flagrantemente ilegal. El Presidente no tiene poder para decidir quién se convierte en ciudadano al nacer", leía la demanda.
Los demandantes argumentaron que la ciudadanía por derecho de nacimiento no sólo está garantizada en la 14 Enmienda, sino que también ha sido codificada sistemáticamente en la legislación federal; la eliminación de ese derecho sería "abrumadora y devastadora", argumentó la demanda.
"Las víctimas de la OE quedarían despojadas de su identidad nacional, estigmatizadas a los ojos de quienes deberían ser sus conciudadanos y obligadas a vivir con la vergüenza, la incertidumbre y el miedo que conlleva el posible destierro de su país de origen. Muchos se convertirían inmediatamente en apátridas", dice la demanda.
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La demanda pedía que el Tribunal de Distrito de Massachusetts declarara inconstitucional la orden ejecutiva y emitiera una orden judicial que impidiera la aplicación de la directiva de Trump.
A última hora de la noche del lunes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también presentó una demanda contra la orden ejecutiva.
"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no sólo es inconstitucional, sino también un repudio temerario y despiadado de los valores estadounidenses", dijo el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, en un comunicado. "La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden pretende repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se niegan plenos derechos como estadounidenses. No dejaremos que este ataque contra los recién nacidos y las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La extralimitación de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que finalmente prevaleceremos".
En la demanda, los grupos afirman: "Para las familias estadounidenses de hoy, la ciudadanía por derecho de nacimiento representa la promesa de que sus hijos pueden desarrollar todo su potencial como estadounidenses. Significa que los niños nacidos aquí pueden soñar con ser médicos, abogados, profesores, empresarios o incluso presidentes, sueños que se verían truncados si se les privara de la ciudadanía en función del estatus de sus padres".
En una llamada con periodistas el lunes por la mañana, los funcionarios entrantes de la Casa Blanca adelantaron una serie de órdenes ejecutivas y otras acciones que la nueva administración Trump planeaba tomar en relación con la frontera y la inmigración.
"Protegeremos al pueblo estadounidense contra la invasión", dijo uno de los funcionarios entrantes. "Se trata de seguridad nacional. Se trata de la seguridad pública. Y esto es sobre las víctimas de algunos de los criminales más violentos y abusivos que hemos visto entrar en nuestro país en nuestra vida. Y esto termina hoy".
Entre las acciones ejecutivas esbozadas, los funcionarios entrantes dijeron que Trump declararía una emergencia nacional en la frontera y aclararía el papel de los militares en la "protección de la integridad territorial de los Estados Unidos".
Las órdenes restablecerían la política de "Permanecer en México", pondrían fin a la práctica de "Atrapar y Liberar" y completarían la construcción del muro en la frontera sur, dijeron los funcionarios.
Los funcionarios señalaron que designarían a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, pondrían fin a la posibilidad de que los migrantes atrapados entre puertos de entrada soliciten asilo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
Los funcionarios también dijeron que Trump ordenaría "mejorar la investigación y el control" de los migrantes y ordenaría a las agencias que proporcionen recomendaciones para suspender la entrada de migrantes procedentes de "países de especial preocupación".
También crearía grupos de trabajo de Seguridad Nacional para perseguir a los miembros de pandillas y criminales indocumentados, y restablecería la pena de muerte cuando un agente de la ley sea asesinado por un migrante indocumentado, dijeron los funcionarios.
Si bien uno de los funcionarios entrantes dijo que la llamada era un "adelanto" de las "acciones que se tomarán hoy", no quedó claro en la llamada que todas las órdenes se llevarían a cabo el lunes. Además, muchos de los planes requerirían la ayuda de socios internacionales como México y es casi seguro que desencadenarían batallas legales.
