SANTA ANA, Calif. (KABC) -- El Consejo de la Ciudad de Santa Ana está considerando una política que requiera que su departamento de policía notifique al público sobre la presencia de ICE y DHS en la ciudad.
Mia Verdin fue una de las decenas de personas que intervinieron en la reunión del consejo municipal de esta semana para pedir más transparencia a la policía.
Esto viene después de que registros públicos publicados por un periodista independiente este mes revelaron que desde el 20 de enero, el departamento de policía de la ciudad recibió al menos 42 notificaciones de cortesía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional sobre su próxima presencia en Santa Ana.
El concejal Johnathan Hernández quiere introducir una política para hacer públicas estas alertas.
"Sería dirigir la oficina del administrador de la ciudad para trabajar con la oficina del abogado de la ciudad y el departamento de policía para asegurar que cualquier comunicación que recibimos de ICE se comunique al público en un sitio web disponible al público dentro de 48 horas", dijo Hernández.
Entre las preocupaciones discutidas el martes, el Jefe del Departamento de Policía de Santa Ana, Robert Rodríguez, dijo que no estará involucrado en la aplicación de la ley de inmigración, pero quería asegurarse de que no estaba obstaculizando las investigaciones estatales o federales y el riesgo de violar la ley.
"Basado en lo que he visto en todo el país, específicamente con la juez en Wisconsin, donde fue arrestada por obstruir. Yo diría que puedo ver circunstancias muy similares para mí", dijo Rodríguez.
El consejo encargó al personal municipal que estudiara las implicaciones jurídicas de una ordenanza de este tipo.
"No deberíamos tener que vivir con miedo, y existe una responsabilidad inherente a nuestros líderes electos y a nuestra ciudad, que se supone que debe mantenernos a salvo. Ya sabes, somos una ciudad santuario, pero en realidad tenemos que poner el santuario en ciudad santuario", dijo Verdin.
Se espera que en julio se presente al Consejo Municipal una actualización de los resultados de la investigación jurídica para este cambio de política.