Con el fin de las últimas grandes restricciones fronterizas del Título 42 de la era Trump el jueves, la administración Biden volverá a procesar a todos los migrantes como se hacía antes de la pandemia.
Las autoridades se basarán ahora en mayor medida en la ley de inmigración tal como se define en el Título 8. La ley describe los procesos de deportación y conlleva penas estrictas, incluyendo prohibiciones de reingreso de 5 y 10 años para aquellos deportados.
Será una desviación significativa del uso del Título 42, una sección de la ley de salud pública que permitió las expulsiones rápidas durante la pandemia de COVID-19 y no conlleva tales consecuencias.
Para empezar, el Título 42 no es una ley de inmigración tradicional, pero tiene implicaciones importantes para los migrantes en la frontera y se ha usado más de 2.8 millones de veces desde su inicio para expulsar a los migrantes.
El uso del Título 42 ha sido controvertido desde que la administración Trump lo invocó como una precaución de COVID-19 en marzo de 2020. Dada la naturaleza acelerada de las expulsiones, que a menudo se producían en cuestión de horas o menos, los defensores de los inmigrantes afirman que su uso es una violación ilegal de los derechos de los migrantes a buscar asilo en suelo estadounidense.
"El fin del Título 42 debería haberse producido hace mucho tiempo y pone fin a un período vergonzoso en la historia de nuestro país", dijo Jill Marie Bussey, directora de políticas públicas del Lutheran Immigration and Refugee Service (Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados). "Afirmamos inequívocamente el derecho legal de las personas a buscar protección en nuestras fronteras y nos solidarizamos con los más vulnerables, inlcuyendo los niños y las familias".
Bussey pidió a la administración Biden a no replicar el Título 42 con sus planes de aumentar las deportaciones bajo el Título 8.
El Título 8, que incluye legislación de inmigración con décadas de antigüedad, describe los procesos para el manejo de migrantes en la frontera. Y aunque esta sección del Código de Estados Unidos dicta protocolos de deportación acelerada, suele conceder más tiempo a los migrantes para presentar solicitudes de asilo que el que les otorga el Título 42.
La administración Biden ha trabajado para acelerar los procesos del Título 8 al enviar cientos de oficiales de asilo a la frontera en un esfuerzo por tramitar más rápidamente las solicitudes humanitarias, aplicando al mismo tiempo las consecuencias que el Título 42 no conlleva.
Aunque las autoridades han anticipado un aumento incontrolable de la migración cuando finalice el Título 42, algunos datos muestran que su uso provoca más cruces fronterizos repetidos. Según el Título 42, los migrantes no están sujetos a las prohibiciones de reingreso de 5 y 10 años.
El uso del Título 42 en la frontera provino de una orden de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que supuestamente fue protestada por expertos en salud pública allí.
Los CDC se esforzaron por revocar la orden de la era Trump el año pasado. Sin embargo, los republicanos rápidamente presentaron desafíos legales para mantenerlo en su lugar. La administración Biden ha seguido usando el Título 42 para administrar la frontera.
A principios de este año, la administración llegó a un acuerdo con México para enviar de regreso a la frontera a inmigrantes no mexicanos de algunos países. Los funcionarios estadounidenses dijeron que ese proceso continuará incluso después de que finalice el Título 42.
El Título 42 expira el jueves a las 11:59 p.m. hora del Este, y los funcionarios volverán inmediatamente a procesar a los migrantes de acuerdo con las directrices del Título 8.
A menos que se tomen más medidas legales, el fin de la declaración de emergencia nacional por coronavirus significará el fin del Título 42 y el regreso completo al Título 8.
Las autoridades en la frontera nunca dejaron de usar el Título 8, incluso cuando la pandemia cerró en gran medida los viajes globales en 2020. Pero su uso ha aumentado desde entonces, y una vez más será la principal autoridad para procesar a los migrantes.
Ambas secciones del Código estadounidense tienen décadas de antigüedad y existe un amplio consenso de que arreglar verdaderamente el sistema de inmigración de los Estados Unidos requerirá una nueva legislación del Congreso. A pesar de los llamados de altos funcionarios de todas las administraciones, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, el Congreso hasta ahora no ha logrado aprobar ninguna reforma.
Las autoridades de inmigración trabajan arduamente para manejar los niveles históricos de cruces fronterizos no autorizados en los últimos años. Junto con las consecuencias de la deportación bajo el Título 8, la administración Biden implementó vías legales limitadas para conceder la entrada condicional a algunos migrantes que llegan a Estados Unidos desde el extranjero.
"Estamos adoptando este enfoque dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto que el Congreso no ha arreglado durante más de dos décadas y sin los recursos que necesitamos: personal, instalaciones, transporte y otros que hemos solicitado al Congreso y que no se nos han dado", dijo Mayorkas el miércoles.