Demandantes hablan tras fallo sobre redadas de inmigración en el sur de California
LOS ANGELES (KABC) -- Los demandantes en una demanda que impugna las redadas migratorias de la administración Trump hablaron públicamente por primera vez el lunes, calificando el reciente fallo de la corte de apelaciones como una gran victoria para Los Ángeles.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ratificó el cumplimiento de una orden de restricción temporal contra las detenciones y arrestos de inmigración indiscriminados en siete condados del sur de California, incluyendo Los Ángeles.
"Nos enorgullece acompañar a nuestros compatriotas angelinos y familias de todo el sur de California en un movimiento que se resiste a las políticas injustas e ilegales de esta administración, incluyendo las terribles redadas de ICE que devastaron la ciudad a principios de este verano", dijo Chandra Bhatnagar, de la Fundación ACLU del Sur de California.
También se escuchó al demandante principal, Pedro Vásquez Perdomo, de 54 años y residente de Pasadena, quien le dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa el lunes que trabaja como jornalero y que llegó a Estados Unidos buscando "dignidad y seguridad" y la oportunidad de mantener a su familia.
Habló sobre cómo fue detenido por agentes en Pasadena en junio.
"Simplemente estaba en una parada de autobús esperando para ir a trabajar, como hago todos los días, cuando, de repente, aparecieron varios autos sin identificación, hombres salieron, nos agarraron a mí y a mis compañeros de trabajo y nos llevaron como si fuéramos delincuentes", dijo Vásquez Perdomo. "No nos dijeron quiénes eran. No explicaron por qué nos secuestraron".
Los hombres que detuvieron a Vásquez Perdomo nunca se identificaron ante los demandantes, nunca declararon ser agentes de inmigración autorizados para realizar arrestos, nunca declararon que tuvieran órdenes de arresto y nunca les informaron a los demandantes sobre las bases de sus arrestos, según la demanda.
Vásquez Perdomo dijo haberse convertido en demandante en el caso porque "no quiero que el silencio sea mi historia. Quiero justicia, para mí y para todas las personas cuya humanidad ha sido negada".
Las redadas itinerantes en lavaderos de autos, estacionamientos donde se reúnen jornaleros y fábricas textiles perturbaron a las comunidades inmigrantes de toda la región durante semanas - en junio y julio, provocando un temor generalizado.
El 11 de julio, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong otorgó órdenes de restricción temporales que impiden al gobierno detener a personas en violación de la Cuarta Enmienda y exigen al gobierno que proporcione a las personas detenidas acceso a un abogado.
El gobierno apeló la orden temporal de restricción en relación con las detenciones migratorias y solicitó a la corte que suspendiera la orden mientras la apelación estuviera pendiente. Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, todos designados por demócratas, denegó la solicitud tras escuchar los argumentos en San Francisco la semana pasada.
El director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, Armando Gudino, dijo que el fallo representa una importante victoria para los derechos de los inmigrantes.
Dijo que la decisión de la corte de permitir que el caso siguiera adelante es una rotunda confirmación de lo que siempre han sabido: ser inmigrante, hablar español o simplemente presentarse a trabajar no es causa probable.
Vásquez Perdomo, quien casi estalló en lágrimas durante la conferencia de prensa del lunes, dijo que ningún ser humano en suelo estadounidense debería ser sometido a las condiciones inhumanas que él y otros presenciaron durante su detención.
Dijo que los encadenaron como animales y los colocaron en una pequeña habitación con otras 52 personas sin baño.
Se espera una eventual apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde seis de los nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.
Hasta el domingo, el presidente Donald Trump no había opinado personalmente sobre el fallo, pero la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, lo cuestionó.
"Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política migratoria; esa autoridad reside en el Congreso y el presidente", dijo Jackson a City News Service. "Las operaciones de control requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que van mucho más allá del alcance o la jurisdicción de cualquier juez. La administración Trump espera continuar implementando sus políticas migratorias legalmente".
"Esta es una victoria para Los Ángeles, y es una victoria porque los habitantes de Los Ángeles se mantuvieron unidos", dijo la alcaldesa Karen Bass a la prensa el viernes por la noche frente a la Casa Getty.
"Creo que la administración podría haber creído que esto iba a dividir a nuestra ciudad, que nuestra ciudad se enfrentaría entre sí, pero no lo hicimos. Nos mantuvimos firmes, y me complace mucho decir que nuestra firmeza... le dio al tribunal la determinación para ratificar esta decisión".
Durante los argumentos ante la corte de apelaciones, el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jacob Roth, insistió en que las detenciones migratorias, que comenzaron el 6 de junio en el área de Los Ángeles, fueron perfectamente legales, cuidadosamente seleccionadas y realizadas con causa probable para realizar arrestos.
"Los oficiales tienen instrucciones de encontrar una sospecha razonable antes de un arresto", dijo Roth al panel, y agregó que la orden de restricción de Frimpong "presenta fallas fundamentales en múltiples niveles".
La demanda también alega que funcionarios federales han arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas para cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por la administración Trump.
Los funcionarios estadounidenses han negado la existencia de una cuota.
Los funcionarios de la administración Trump han defendido las redadas, señalando las numerosas declaraciones del presidente durante la campaña electoral de 2024, en las que se comprometía a llevar a cabo deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin documentos y destacando los presuntos antecedentes penales de algunos detenidos.
Frimpong ha programado una audiencia sobre el caso para el 24 de septiembre en el centro de Los Ángeles.
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