ICE está deportando a sobrevivientes de crímenes que el Congreso ha protegido durante mucho tiempo
LOS ANGELES (KABC) -- Hace casi ocho meses, Yessenia Ruano se autodeportó de Estados Unidos junto con su esposo y sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas estadounidenses.
"Sinceramente, ha sido un proceso difícil", dijo Ruano a ABC7 desde El Salvador.
La madre, exasistente de un maestro de escuela pública de Milwaukee, dijo que ella y su familia se vieron obligados a tomar la decisión después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) amenazara con deportarla durante un registro. Ruano es demandante en lo que ahora es una demanda colectiva contra la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La demanda se presentó en nombre de sobrevivientes no ciudadanos de violencia doméstica, tráfico de personas y otros delitos graves, quienes, al igual que Ruano, buscan obtener un estatus migratorio legal y a quienes el Congreso ha protegido de la deportación durante décadas. Sin embargo, según los abogados, las personas de estos grupos están siendo arrestadas, detenidas y deportadas.
"Con las redadas masivas de deportación y las medidas de seguridad, comenzamos a observar que ya no se respetaban las medidas diferidas ni las peticiones pendientes que se les habían concedido a estos sobrevivientes", dijo Sarah Kahn, abogada principal del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. La organización presentó la demanda junto con Public Counsel, La Raza Centro Legal y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
Las protecciones que defienden los grupos se otorgan a través de la Visa U, la Ley de Violencia contra la Mujer y la Visa T para sobrevivientes de tráfico de personas, cuya solicitud Ruano tenía pendiente.
"También se trata de proteger a la persona después de que se presente, para que no tenga miedo de hablar con una agencia que pueda ayudarla o con la policía", dijo Kahn.
La demanda se basa en las nuevas directrices emitidas por ICE en 2025, que citan una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La guía deroga las políticas que generalmente exigían a sus agentes abstenerse de atacar a personas de estos grupos, excepto en circunstancias excepcionales.
Ruano se emocionó al decirle a ABC7 que un agente de ICE le dijo que tendría que salir de Estados Unidos de forma burlona y llena de odio.
El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que no hará comentarios sobre la demanda federal. Por otro lado, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo: "Nos preocupa profundamente que el miedo relacionado con la aplicación de la ley migratoria pueda disuadir a las personas de denunciar delitos o cooperar con las autoridades locales, creando un posible efecto disuasorio que socave la seguridad pública".
Durante una audiencia judicial reciente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que incluso si los solicitantes son deportados, sus solicitudes podrían ser procesadas y podrían regresar, pero no ofreció respuestas cuando se les preguntó si eso sucede.
Mientras tanto, quienes cuestionan estas prácticas de ICE enfatizaron que los solicitantes deben estar presentes en Estados Unidos para ser elegibles para una visa T, mientras que el proceso para una visa U, por ejemplo, puede tardar más de 15 años. "El daño es muy grave en ambos casos", dijo Kahn.
"Espero que se escuche nuestra voz y que la gente sepa que existen estas vías legales que están siendo atacadas y pisoteadas", dijo Ruano.
Se espera que el juez federal de distrito para el Distrito Central de California, André Birotte Jr., decida si ordenar al DHS que ponga fin a estas prácticas mientras el caso que impugna su legalidad sigue su curso. La demanda también busca que quienes ya han sido deportados puedan regresar a Estados Unidos y tramitar sus solicitudes.
