Los supervisores de Los Ángeles aprueban un plan de ayuda para familias inmigrantes tras redadas

LOS ÁNGELES (CNS) -- Un día después de las redadas federales de inmigración y las protestas en Los Ángeles, la Junta de Supervisores del condado aprobó el martes una moción para ampliar los servicios sociales y de salud para las familias inmigrantes.

Desde el 6 de junio, la administración Trump ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias en el condado, incluyendo la operación del lunes, en la que aproximadamente 100 o más agentes federales, muchos de ellos con chalecos que los identificaban como agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., parecían estar concentrados frente al Parque MacArthur.

Los supervisores afirmaron que las redadas se han dirigido a estacionamientos, swap meets, lugares de trabajo y escuelas, lo que ha afectado negativamente a las economías locales y a las comunidades inmigrantes.

"El miedo está disuadiendo a los residentes de ir a trabajar, asistir a la iglesia, acceder a alimentos o hacer recados, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para la vida y el bienestar de las comunidades inmigrantes", declaró la supervisora Hilda Solis. "También ha inhibido el acceso a servicios sociales y de salud esenciales".

Solis indicó que hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios han reportado un aumento en las inasistencias y cancelaciones de citas en las últimas semanas.

Con la moción del martes, las supervisoras Solis y Lindsey Horvath solicitaron un mayor apoyo a las familias inmigrantes y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.

La junta ordenó a los departamentos de Servicios de Salud, Salud Mental, Servicios para Niños y Familias, Servicios Sociales Públicos y Salud Pública que colaboraran con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes para estudiar el impacto de la redada en el acceso a los servicios sociales y de salud.

Se solicitó a los departamentos que aumentaran el acceso a servicios virtuales y de telesalud, así como el envío de recetas y resurtidos por correo.

La junta también solicitó programas de concientización y educación para ayudar a las personas a saber cómo acceder a servicios sociales y de salud a distancia, lugares seguros para reunirse y cómo evitar el fraude.

La supervisora Holly Mitchell advirtió que el condado podría verse significativamente afectado por la "Gran y Hermosa Ley" de la Administración Trump, que reduciría el gasto de Medicaid en aproximadamente $800 mil millones, lo que ejercería una presión adicional sobre las redes de seguridad del condado.

Mitchell afirmó que el condado debía actuar como "proveedor de última instancia" y garantizar el acceso a la atención médica para los residentes.

Mitchell presentó una enmienda solicitando un informe del Departamento de Servicios para Niños y Familias sobre cualquier aumento en las colocaciones fuera del hogar y para evaluar los privilegios telefónicos de los padres detenidos para contactar a sus hijos.

La supervisora Janice Hahn propuso una enmienda adicional para que los departamentos evaluaran cómo los residentes sin acceso a internet, alfabetización digital o conocimientos lingüísticos podrían beneficiarse de los servicios virtuales.

Hahn también solicitó una evaluación de cómo los departamentos garantizaban que los datos recopilados como parte de estos programas no expusieran a los inmigrantes a un mayor riesgo, y qué factores llevaron a la selección de comunidades inmigrantes para los servicios de entrega de alimentos.

La moción fue aprobada con ambas enmiendas.

Al destacar la redada en un lavao de autos familiar en West Hollywood el 4 de julio, Horvath afirmó que las operaciones de control migratorio estaban separando familias.

"Mientras el presidente Trump afirmó que se centraría en deportar a personas indocumentadas con antecedentes penales violentos, el condado de Los Ángeles continúa sufriendo una campaña desenfrenada de acoso, intimidación y secuestro por motivos raciales contra personas de color trabajadoras", declaró Horvath.

Horvath afirmó que la "afirmación de compromiso con los valores familiares" de la administración era una "mentira total" y señaló que la moción también ordenaba al DCFS informar a los padres sobre cómo designar un tutor y su preferencia de ubicación en caso de separación.

Se solicitó al DCFS, junto con la Oficina de Educación del condado, que desarrollara recursos para padres, tutores y educadores sobre cómo hablar con niños y jóvenes sobre la aplicación de la ley migratoria.

Se solicitó a la Oficina de Sistemas Alimentarios y a los departamentos pertinentes que abordaran la inseguridad alimentaria apoyando la entrega de comestibles y comidas a domicilio y conectando a proveedores locales de confianza con organizaciones comunitarias que atienden a las comunidades inmigrantes.