Nueva directiva podría cambiar la forma en que algunos inmigrantes ajustan su estatus legal
LOS ANGELES (KABC) -- Una nueva directiva de la administración Trump podría cambiar significativamente la forma en que ciertos inmigrantes ajustan su estatus legal -o incluso si pueden hacerlo- mientras permanecen en Estados Unidos.
La directiva emitida podría afectar a cientos de miles de personas, incluyendo trabajadores temporales, refugiados y padres que permanecieron en el país más allá de la vigencia de su visa y que ahora tienen un hijo ciudadano estadounidense de al menos 21 años de edad. Durante años, las personas pertenecientes a estas categorías han podido ajustar su estatus sin salir del país. La administración sostiene ahora que dicho proceso es discrecional y no debería tener prioridad sobre el procesamiento consular, el cual se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos.
Expertos en derecho de inmigración que se oponen a este cambio dijeron que el Congreso creó el proceso de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos específicamente para evitar la separación de las familias. Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes se hicieron eco de esta preocupación, calificando la directiva como parte de una serie de esfuerzos más amplios destinados a separar a las familias.
"Supuestamente, la estrategia consiste en dificultar tanto las cosas para nuestra comunidad que terminemos 'autodeportándonos' o regresando a nuestros países de origen", dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN. "Pero la realidad es que este es nuestro país".
Asimismo, las organizaciones anunciaron que planean impugnar esta política ante las cortes.
"Nuestra organización hermana, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), ya ha demandado a esta administración en múltiples ocasiones por violaciones a nuestros derechos al debido proceso, y por implementar este tipo de procedimientos que solo perjudican a nuestra comunidad y dividen a nuestras familias", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. "Así que, una vez más, lo llevaremos ante los tribunales".
Los expertos legales dijeron que la directiva genera incertidumbre para aquellas personas que actualmente buscan ajustar su estatus. El director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional advirtió que esta medida conlleva un riesgo significativo para los solicitantes e instó a las personas a consultar con un abogado o a buscar asistencia legal sin costo para comprender los posibles riesgos de deportación.
