EEUU: Los más afectados por crisis de opioides no suelen decidir cómo usar fondos de tratos legales

Las personas con trastornos por consumo de drogas en todo el país no tienen una participación formal respecto a cómo se utiliza la mayor parte de los aproximadamente $50,000 millones de dólares provenientes de los acuerdos por las demandas legales relacionadas con opioides para enfrentar la crisis, de acuerdo con un análisis reciente.

Algunos defensores afirman que ese es un factor que explica por qué parte del dinero se destina a esfuerzos que no consideran que sean formas comprobadas de salvar vidas por sobredosis, incluidos equipos para escanear a los reclusos en busca de contrabando, perros policía detectores de drogas y sistemas para neutralizar medicamentos prescritos innecesarios.

En el condado Jackson, de Virginia Occidental, los funcionarios votaron a principios de este año para utilizar más de $500,000 dólares en fondos de dichos acuerdos para un centro de formación de primeros auxilios y un campo de tiro. También asignaron $35,000 dólares a un equipo de respuesta rápida que trabaja con supervivientes de sobredosis.

Josh George, quien está en rehabilitación desde hace tres años después de 23 años de consumo de drogas -principalmente heroína-, ahora dirige un grupo de recuperación con su esposa y otros familiares.

Parte del dinero podría haber sido destinado al único centro de rehabilitación del condado, opinó.

"Toda esta gente colaboraba con su propio dinero", dijo George, "tratando de ayudar a estas personas".

En los últimos ocho años, los fabricantes de medicamentos, los mayoristas, las cadenas de farmacias y otras empresas involucradas han llegado a acuerdos para resolver miles de demandas presentadas por gobiernos estatales, locales y tribales de indígenas estadounidenses que afirman que las prácticas de las empresas contribuyeron a la crisis.

Los opioides han sido un problema importante en Estados Unidos desde finales de la década de 1990, y el período más mortal, a principios de esta década, registró más de 80,000 fallecimientos anualmente. Las causas principales han pasado de las pastillas que requieren una prescripción médica a la heroína, el fentanilo y otras sustancias producidas en laboratorio que con frecuencia se agregan a las drogas ilícitas.

Los fondos de los acuerdos multimillonarios a lo largo del país comenzaron a distribuirse en 2022 y continuarán hasta al menos 2038. Los acuerdos requieren que la mayor parte del dinero se utilice para combatir la crisis, pero ofrecen una gran flexibilidad sobre cómo hacerlo.

Christine Minhee, de Opioid Settlement Tracker (Rastreador de los Acuerdos de Opioides) y Vital Strategies (Estrategias Vitales), organizaciones de salud pública, publicó el lunes una guía estado por estado que describe cómo se toman las decisiones de financiación del gobierno. La guía tiene como objetivo ayudar a los defensores a saber dónde alzar la voz.

Con esa información y otros datos, Minhee, quien ha contabilizado casi $50,000 millones de dólares en acuerdos -sin incluir uno con Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, que la Corte Suprema rechazó-, descubrió que los grupos asesores ayudan a determinar el gasto de aproximadamente la mitad de ese monto, pero tienen autoridad para tomar decisiones sobre menos de una quinta parte de dicha cantidad.

Menos de $1 dólar de cada $7 dólares es supervisado por juntas que tienen al menos un lugar para alguien que consume o ha consumido drogas, aunque algunos sitios donde esto no es obligatorio pueden incluir a esos miembros de todos modos.

Brandon Marshall, profesor de epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, y exmiembro del Rhode Island Opioid Settlement Advisory Committee (Comisión Asesora de Acuerdos sobre Opioides de Rhode Island), dijo que ha observado que los procesos que involucran a expertos y personas con experiencia en el uso de drogas han hecho asignaciones rápidas a grupos que trabajan en la reducción de daños y otras áreas porque conocen a los grupos.

"No es sólo una forma de garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva", dijo. "Esos tipos de sistemas también garantizan que los fondos se asignen más rápidamente".

Los defensores de la salud pública dicen que el dinero debe utilizarse de formas que hayan demostrado salvar vidas, prevenir el consumo de drogas y enfocarse en la equidad racial, y que las decisiones deben ser transparentes.

Pero muchas comunidades siguen las prácticas habituales de gasto del gobierno en lugar de evaluar las necesidades locales o consultar con expertos o con personas afectadas por la epidemia.

El condado Renville, Minnesota, utilizó $100,000 dólares del dinero del acuerdo para pagar aproximadamente dos tercios del costo de un escáner corporal para la cárcel del condado con el cual detectar drogas en los reclusos que ingresan, incluso si han tragado bolsas de ellas.

"No me pueden decir que quien tomó esas decisiones piensa que ese es el mejor uso de los fondos", manifestó Alicia House, directora ejecutiva de Steve Rummler Hope Network (Red de Esperanza Steve Rummler), que ofrece prevención y educación sobre sobredosis en todo Minnesota.

Scott Hable, jefe policial del condado Renville, dijo en una entrevista que mantener las drogas fuera de la cárcel -sin someter a las personas que ingresan a registros corporales- encaja con el énfasis del centro penitenciario en el tratamiento de los reclusos con trastorno por consumo de drogas.

El escáner se ha utilizado casi 1,400 veces desde el año pasado, y ha identificado contrabando en seis casos. Dos veces encontró bolsas de drogas que los reclusos tragaron antes de ingresar, agregó.

El organismo rector del condado tomó la decisión del gasto. Sara Benson, directora de salud pública del condado, reportó que el gobierno está reuniendo a un grupo asesor para la utilización futura de los fondos de los acuerdos y desea incluir a personas con experiencia vivida.

En Virginia Occidental, Dick Waybright, presidente de la Jackson County Commission (Comisión del Condado Jackson), dijo que el centro de capacitación ayudará a los empleados de las fuerzas del orden, de los servicios médicos de urgencia y del número para emergencias 911 a responder a la crisis de los opioides.

"No será simplemente tirar dinero a un programa que no iba a durar", declaró en una entrevista. Además, añadió, nadie más que el equipo de respuesta rápida solicitó fondos del primer pago del acuerdo de opioides.

La madre de George, Kelly DeWees, dijo que hay muchas necesidades en una zona tan afectada por la adicción, como el transporte para las personas en recuperación, la educación preventiva y el asesoramiento para los hijos de personas con trastorno por consumo de sustancias. Breath of Life (Respiro de Vida), el grupo que dirigen su hijo y su nuera, podría necesitar ayuda para poner en marcha la casa de recuperación.

El grupo solicitó los $15,000 dólares que quedan actualmente en el fondo del condado, y Waybright apuntó que espera que se los concedan pronto.

Para otros, las decisiones de gasto son aún más personales.

Tonia Ahern, coordinadora comunitaria del National Center for Advocacy and Recovery (Centro Nacional de Defensa y Recuperación), perdió a su hijo por una sobredosis cuando él tenía 29 años. Ella cofundó un grupo que planea producir un manual de sugerencias para las comunidades de Nueva Jersey sobre cómo utilizar la financiación.

"Si nunca lo has experimentado, no tienes idea de lo que necesitan", dijo Ahern.