Exagentes del LASD acusados de encubrimiento, encarcelamiento falso de patinador herido en choque
LOS ANGELES (KABC) -- Dos exagentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD por sus siglas en inglés) fueron acusados de violar los derechos civiles de un patinador de 23 años al encarcelarlo falsamente en un vehículo de patrulla antes de una persecución que terminó en un accidente, dijeron las autoridades. Los diputados son acusados de obstrucción a la justicia para encubrir la detención ilegal.
Los exagentes Miguel Ángel Vega, de 32 años, y Christopher Blair Hernández, de 37, ambos asignados a la estación de Compton, se entregaron a las autoridades el jueves luego de ser nombrados en una acusación de cinco cargos emitida por un gran jurado federal el 21 de marzo, según la oficina del fiscal federal. Se esperaba que ambos fueran procesados más tarde el jueves en Los Angeles.
Los agentes están acusados esencialmente de arrojar al patinador en la parte trasera de su patrulla después de que les gritara en un parque en Compton hace tres años. Luego lo llevaron consigo, en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, mientras perseguían a un ciclista, y terminaron chocando su automóvil.
El patinador resultó herido y sufrió una cortada sobre el ojo, pero en lugar de conseguir ayuda o reportar el incidente, le dijeron que "salte (explícito) de aquí", alega la acusación.
Presuntamente también lo amenazaron con dejarlo en territorio pandillero, indicando que sería agredido.
"Lo agarraron y lo tiraron dentro del auto sin esposas", dijo el abogado Humberto Guizar, quien representa al patinador. "Simplemente lo arrojaron al asiento trasero del auto, se marcharon y amenazaron con dejarlo en un vecindario de pandillas".
El patinador, Jesús Alegría, ya llegó a un acuerdo con el condado de Los Ángeles por $450,000 dólares.
La acusación no sellada acusa a Vega y Hernández de conspiración, privación de derechos bajo el pretexto de la ley, manipulación de testigos y falsificación de registros, según el comunicado. Vega está acusado de un cargo adicional de falsificación de registros.
Los acusados estaban patrullando el 13 de abril de 2020, cuando "detuvieron ilegalmente y encarcelaron falsamente a la víctima de 23 años en la parte trasera de su patrulla", dijeron los fiscales. "La víctima permaneció confinada en la parte trasera del vehículo durante una persecución posterior, que terminó cuando Vega chocó, hiriendo a la víctima".
La acusación también alega que Vega y Hernández obstruyeron la justicia de múltiples maneras para ocultar y encubrir su detención y encarcelamiento falso del patinador.
"La mayoría de las agencias de orden público con las que trabajamos todos los días son servidores públicos fenomenales que arriesgan sus vidas todos los días para proteger a nuestra comunidad", dijo Martin Estrada, fiscal federal de Los Ángeles. "Sin embargo, cuando los oficiales abusan de su poder y violan la ley, es imperativo que los hagamos responsables".
El incidente comenzó en Wilson Park en Compton. Alegría, identificado en documentos judiciales por sus iniciales, estaba en un parque de patinaje cerrado cuando llegaron los agentes y se acercaron a dos jóvenes fuera del parque.
"Después de que J.A. gritó a los agentes que dejaran de molestar a los jóvenes, uno o ambos de los acusados sacaron a J.A. a través de una abertura en la cerca del parque de patinaje y encerraron a J.A. en la parte trasera de la patrulla", dijeron los fiscales.
Según la acusación, los diputados no esposaron a Alegría, no le abrocharon el cinturón de seguridad, no le dijeron que estaba detenido y no le informaron de sus derechos.
Vega conducía el vehículo patrullero, con Hernández en el asiento del pasajero delantero y Alegría en el asiento trasero, cuando salían del parque de patinaje. Vega supuestamente le dijo a Alegría que los agentes lo iban a dejar en territorio pandillero, donde supuestamente Hernández dijo que golpearían al patinador.
No muy lejos del parque de patinaje, mientras Alegría aún estaba confinado en la parte trasera de la patrulla, Vega inició la persecución de un joven en bicicleta por un callejón, donde Vega chocó contra una pared y otro vehículo, lo que provocó que Alegría sostuviera una cortada sobre su ojo derecho, según la acusación.
Después del choque, Vega sacó a Alegría del vehículo patrullero y le dijo "salte (explícito) de aquí", alega la acusación. Luego, el herido caminó hasta una casa cercana para buscar ayuda.
También después del accidente, según los fiscales, Vega reportó por el radio de LASD que una persona supuestamente con un arma, a quién Vega describió como vestido con ropa similar a la de Alegría ese día, había huido por el callejón cerca de la calle 130 y Mona Boulevard.
La acusación formal alega que, aunque Vega también informó del accidente, ni él ni Hernández revelaron que Alegría había estado en la patrulla durante el accidente.
Fue solo después de que otros agentes detuvieran a Alegría en una calle vecina como el presunto sospechoso de arma de fuego que Vega informó a su sargento supervisor que había estado en la patrulla de Vega durante el accidente, dijeron los fiscales, informando falsamente a su supervisor que Alegría había sido detenido porque se sospechaba que estaba bajo la influencia de una sustancia controlada.
El cargo de conspiración conlleva una pena máxima legal de cinco años en una prisión federal, mientras que el delito de derechos civiles conlleva una pena máxima de 10 años, si es declarado culpable, dijeron los fiscales. Los presuntos delitos de manipulación de testigos y falsificación de registros conllevan cada uno una sentencia máxima legal de 20 años.
Vega y Hernández también estuvieron involucrados en otro incidente muy controversial: el tiroteo fatal de Andrés Guardado, de 18 años, en Gardena en junio de 2020.
Según el relato de Vega, Guardado tomó un arma, lo que provocó que Vega disparara seis tiros, cinco de los cuales alcanzaron a Guardado en la espalda.
Hernández estaba presente en el momento del tiroteo pero no disparó a Guardado. El incidente provocó protestas, y una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de Guardado contra el condado se resolvió el año pasado por $8 millones de dólares.
